Resumen del seguimiento de la Meta

Mejorar el alcance, la cobertura, la calidad y el impacto de los servicios de alimentación. 

La estrategia 04.1.1 del Plan Estratégico de Educación 2017-2020 busca mejorar el alcance, la cobertura, la calidad y el impacto de los servicios de alimentación escolar, mediante la provisión del servicio en sus cuatro modalidades: PAE Rural, PAE Urbano, PAE Fronterizo y PAE Jornada Escolar Extendida; la supervisión y orientación a los suplidores del servicio; y la extensión del sistema de gestión de la calidad del PAE, que tiene como objetivo suministrar diariamente alimentos de calidad, producidos preferentemente en la localidad o en localidades cercanas a los centros, y que cumplan con los requerimientos nutricionales de los estudiantes según grupos etarios y con condiciones específicas. 

En el año 2017, 1,812,907 estudiantes, docentes y empleados administrativos de los centros educativos, fueron atendidos con alguna modalidad del Programa de Alimentación Escolar. El suministro se realizó con normalidad, pese a las quejas recurrentes de los suplidores por el retraso en los pagos por sus servicios. 

Paralelamente, se continúan implementando medidas para asegurar la calidad del servicio. A las inspecciones realizadas por INABIE (1,638 inspecciones el pasado año) se están sumando otras medidas adicionales para alcanzar ese objetivo. En enero del 2017, los ministerios de Educación y de Salud Pública, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) y el Sistema Nacional de Salud (SNS) firmaron un Convenio para fortalecer los controles para la manipulación correcta de los alimentos que se sirven a los estudiantes, docentes y personal administrativo en los centros educativos, con el objetivo de garantizar su calidad y sanidad. El Convenio prevé reforzar el protocolo de respuesta rápida en caso de afecciones a la salud; implementar un Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional Escolar (SISVANE) a nivel nacional, a través de un monitoreo y evaluación conjunta del estado nutricional de los estudiantes, docentes y personal administrativo de las escuelas; y establecer controles que regulan los registros sanitarios de los suplidores del Programa de Alimentación Escolar. 

En el año 2017 se puso en marcha el SISVANE en 26 centros educativos de Monte Plata. Fueron evaluados 3,979 escolares, arrojando el siguiente resultado: 92 % de los estudiantes en normopeso, 4.4 % en sobrepeso, 0.8 % en obesidad, 2.5 % en desnutrición moderada y 0.3 % de desnutrición aguda. Los estudiantes con desnutrición fueron atendidos por la Dirección Regional de Salud de Monte Plata. 

Ampliación de los programas para apoyar a los estudiantes en situaciones de vulnerabilidad 

La estrategia 04.1.2 del PEE 2017-2020, busca garantizar el acceso y la permanencia, en el sistema educativo, de los estudiantes en situación de vulnerabilidad, contribuyendo al mejoramiento de la calidad educativa. Para ello, contempla varias acciones entre las que destacan el beneficiar a los estudiantes del sector público y semioficial con programas de salud escolar (bucal, visual y auditiva); evaluar el impacto de los programas de asistencia social a los estudiantes en situación de vulnerabilidad para desarrollar planes de mejora pertinentes; y articular redes institucionales y fomentar iniciativas privadas para desarrollar planes y programas de inclusión y apoyo socioeducativo a estudiantes en situación de vulnerabilidad. 

En enero de 2017, simultáneamente a la firma del Convenio para fortalecer los controles de la manipulación correcta de los alimentos, el MINERD y el Ministerio de Salud Pública firmaron otro Convenio para la implementación de un programa estratégico conjunto que permitirá desarrollar acciones preventivas de enfermedades y otras prácticas saludables en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, así como los docentes y el personal administrativo de los centros educativos públicos durante cada año escolar. 

El Convenio incluye, entre otras medidas, fortalecer los programas de salud pública colectivos e individuales, a través de una plataforma de servicios que igualmente alcance a los demás integrantes del sistema educativo, como los miembros de las asociaciones de padres y amigos de la escuela y sus familiares; conformar comités de salud escolar con la participación de los miembros de la asociaciones de padres y amigos de la escuela; promover programas de prevención de factores de riesgo; promoción de la salud sexual y reproductiva; fortalecimiento de las jornadas de prevención de enfermedades tropicales; inclusión y sostenibilidad de la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano en adolescentes femeninas escolarizadas; y establecer las reglamentaciones para la verificación por parte de los docenes y el personal administrativo, de la aplicación de un esquema de vacunación (tarjetas de vacunación) de acuerdo a la edad de cada estudiante. 

Estas medidas han permitido que los programas de salud escolar se hayan consolidado y estén beneficiando a grupos cada vez más amplios de la población escolar. Según las cifras reportadas por INABIE el Programa de Salud Preventiva habría beneficiado a 1,830,717 estudiantes con medicación para la desparasitación, además de otras medidas de orientación sobre salud preventiva; 288,845 estudiantes se han beneficiado de algún servicio odontológico, 69,493 estudiantes de servicios de salud visual y 49,396 estudiantes de servicios de salud auditiva. 

Además, casi 800,000 estudiantes han recibido en el año 2017 uniformes escolares, mochilas y utilería escolar. 

La amplia cobertura de los servicios de bienestar estudiantil, en especial el de alimentación escolar, tiene su reflejo en un presupuesto cada vez más abultado. El presupuesto de Educación para el año 2018 asciende a 152,765 millones de pesos. De este presupuesto, 21,902 millones, 14.33 % del presupuesto total, van destinados a Servicios de Bienestar Estudiantil, y la mayor parte de ellos, 19,551 millones, 12.79 % del presupuesto total, a Alimentación Escolar. La magnitud de estas cifras se destaca si las comparamos con el presupuesto destinado a Construcción, Ampliación y Rehabilitación de Planteles Escolares, que asciende a 13,078 millones, un 8.56 % del presupuesto, en un momento de extraordinaria expansión de las infraestructuras escolares. 

Un reciente estudio sobre Deserción escolar y el impacto de las transferencias monetarias condicionadas: el caso ILAE señala: “Evaluaciones de impacto han encontrado que pertenecer al programa PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD (PROSOLI), incluyendo ser beneficiario del ILAE (Incentivo a la Asistencia Escolar), aumenta la asistencia escolar. Otros estudios cuantifican que pertenecer a PROSOLI aumenta en 10-14% la posibilidad de concluir el nivel básico, mientras que otros señalan que la diferencia en la tasa de deserción entre niños que pertenecen al ILAE y niños que no pertenecen es tres veces más baja (0.8% vs. 2.6%)[1]

Inclusión educativa y atención integral de calidad a niños, niñas y adolescentes con necesidades específicas de apoyo educativo, asociadas y no asociadas a condición de discapacidad. 

La estrategia 04.1.3 del PEE 2017-2020 se propone, entre otros resultados, que 10,800 niños, niñas y jóvenes con discapacidad que están fuera del sistema educativo ingresen a este para recibir una educación de calidad y que 2,201 centros educativos regulares del Nivel Primario reciban apoyo de los Centros de Recursos para la Atención a la Diversidad (CAD), a través del Proyecto de Buenas Prácticas Inclusivas (PBPI). Entre sus acciones contempla la capacitación de docentes de todos los niveles y modalidades en medidas para la atención a la diversidad, diseñar e implementar un modelo pedagógico para los centros educativos especiales que promuevan la inclusión educativa y social en sus estudiantes y ampliar los servicios que ofrecen los centros nacionales de recursos para distintas discapacidades. 

En el año escolar 2017-2018, 516 escuelas de las Regionales donde están los 13 Centros de Recursos para la Atención a la Diversidad se han sumado al Proyecto de Buenas Prácticas Inclusivas. 

A lo largo del año 2017, se han llevado a cabo encuentros con directores de las escuelas de educación especial y sesiones de las Mesa Consultiva de las instituciones de la sociedad civil para analizar y aportar propuestas para la modificación de la Orden Departamental 04-2008, que organiza los centros de educación especial, con el propósito de que dicha normativa se adecue al nuevo modelo de Centros de Atención Múltiple, CEAM. También se ha trabajado en la redacción de un Plan Nacional de Educación Inclusiva. 

Finalmente, se ha iniciado el proceso de reorganización el Centro Nacional de Recursos para la Discapacidad Visual Olga Estrella, para incluir la atención a estudiantes con discapacidad auditiva y ha sido inaugurada la escuela para sordos de Sabana Perdida que beneficiará a 586 estudiantes con discapacidad auditiva. 

Recientemente, se publicó un estudio, realizado por el IDEICE[2],que analiza el funcionamiento del Centro de Atención a la Diversidad (CAD) de Salcedo. Este CAD, que recibe un apoyo especial de la Oficina Técnica de la Provincia (OTP) Hermanas Mirabal, ha puesto en marcha algunas prácticas innovadoras que han mostrado un impacto positivo en el servicio ofrecido a las personas con discapacidad. El CAD cuenta con promotores que realizan visitas domiciliarias a las familias con niños y niñas con discapacidad para sensibilizar y orientar a la familia sobre la dificultad de sus hijos y cómo manejar la situación. Estas visitas han demostrado su eficacia para la permanencia de los niños y niñas en la escuela y para la disminución de la exclusión social. Otra iniciativa novedosa de este Centro es la donación de una vaca a las familias con menores con discapacidad. La entrega de los animales a niños con dificultades físicas genera una mejora radical y notoria en términos medibles en las familias y en los niños y niñas, según el estudio. 

Desarrollo de estrategias, programas y proyectos de apoyo al bienestar socioafectivo y psicopedagógico de estudiantes y familias en situación de vulnerabilidad 

La estrategia 04.1.4 del PEE 2017-2020 contempla una pluralidad de acciones para la prevención de riesgos psicosociales en los centros educativos, poniendo un especial énfasis en la prevención de embarazos en adolescentes. Entre los alcances de la estrategia se destacan: 

Además de las acciones encaminadas a la prevención del embarazo adolescente, la estrategia prevé implementar y monitorear los programas y estrategias de prevención de riesgos psicosociales en los centros educativos, diseñar y distribuir documentos y materiales educativos para apoyar estos programas, crear un sistema de registro de identificación, monitoreo y seguimiento a casos de estudiantes en situación de riesgos psicosociales presentes en los centros educativos, promover la coordinación interinstitucional de actores del centro educativo para responder a casos de violencia y promover la participación y reconocimiento estudiantil en todos los niveles, modalidades y subsistemas. 

El Informe de Seguimiento de Metas Presidenciales 2017-2020[3] reporta que se ha desarrollado la campaña de prevención de embarazo en adolescentes Tú no está para eso y que se han implementado los programas Familia Fuerte y Habilidades Parentales, alcanzando a un total de 30 padres y madres certificados y 52 padres y madres capacitados. 

Estas acciones parecen insuficientes frente a la magnitud del problema. En un informe de UNICEF sobre el estado de la Infancia[4] se afirma: “Una de cada 5 adolescentes entre 15 y 19 ha estado o está embarazada (199,580). En el quintil más pobre el embarazo adolescente es 10 veces mayor que en el quintil más rico. El 2.1% (20,588) de las niñas de 10 a 14 años ya han tenido un hijo”. 

El informe continúa con algunos datos impactantes:

De acuerdo con los datos ofrecidos por la Viceministra de Salud Colectiva en la presentación del Mapa de Embarazos Adolescentes, “el costo estimado en la atención del embarazo y la maternidad en adolescentes representa 33 veces la inversión estimada del Plan Nacional de Prevención del embarazo en adolescentes, es decir, dos mil 103 millones anuales”. 

EL informe de UNICEF sobre el estado de la Infancia antes citado señala otros grupos de niños, niñas y adolescentes, dentro y fuera de la escuela, en condiciones de vulnerabilidad. En la República Dominicana, el 12% de los niños y niñas menores de 5 años no están inscritos en el Registro de Nacimiento, esto representa más de 175,300 niños y niñas. Esta tasa duplica el promedio de América Latina y el Caribe (6%). El país ocupa el 5° lugar entre 32 países de la región con peor tasa de registro de menores de cinco años. 

Más de 323,000 niños y niñas de 5 a 17 años trabajan en actividades prohibidas para su edad o condición en República Dominicana. Esto significa que el 12,8 % de todos los niños y niñas de 5 a 17 años son víctimas de trabajo infantil. El país ocupa el décimo lugar de América Latina y el Caribe con mayor porcentaje de niños y niñas trabajando, con una tasa un tercio mayor al promedio de la región (9 %). El trabajo infantil es más elevado en los niños y niñas que viven en zonas urbanas que en zonas rurales. 

Por último, de acuerdo con el estudio Incidencia de violencia en adolescentes de 13 a 15 años en las escuelas públicas del sistema de educación de la República Dominicana realizado en el año 2017 por la Universidad de Ryerson, de Canadá, y el Centro para el Desarrollo y la Interacción Constructiva (CEDIC), un alto porcentaje de estudiantes de escuelas públicas de entre 13 y 15 años ha experimentado alguna forma de violencia. El estudio se hizo a partir de una encuesta nacional con 4,400 estudiantes y de entrevistas semiestructuradas con 153 de esos encuestados. Los adolescentes entrevistados reportaron que habían sido víctimas de al menos un episodio de violencia convencional (36%), entre iguales (32%), exposición indirecta a violencia (30%), maltrato por parte de sus cuidadores (25%) o violencia sexual (10%). 

En relación con la mejora del clima escolar, el MINERD con el apoyo de UNICEF ha elaborado una Estrategia Nacional de Cultura de Paz, que se fundamentan en las Normas de Sistema Educativo Dominicano para la Convivencia Armoniosa en Centros Educativos Públicos y Privados, para lo cual se diseñaron: a) un  protocolo para la promoción de la cultura de paz y el buen trato en los centros educativos de los niveles primario y secundario, b) Guía de medicación de pares, para solución pacífica de conflictos entre estudiantes y entre los docentes, c) guías de disciplina positiva para docentes, d) instrumentos de monitores y seguimiento. Se promueve la articulación entre las distintas instancias para el abordaje de todos los aspectos relacionados con el mejoramiento del clima escolar y la convivencia pacífica. Un proyecto piloto se ha puesto en marcha en 20 centros de primaria y 13 de secundaria en el distrito 10-05 de Boca Chica. 

Finalmente, en junio del 2017 se celebró el Foro Nacional Estudiantil por una Cultura de Paz, en el que participaron 360 estudiantes con los mejores promedios de los centros educativos públicos y privados de todo el país. En el Foro, los estudiantes plantearon al Ministro de Educación, entre otras inquietudes, que los planteles sean menos excluyentes para estudiantes discapacitados, que se mejoren y equipen las instalaciones escolares, en especial las que datan de hace años, o que se amplíen los programas de becas. De la región Sur afloró el problema de adolescentes embarazadas que interrumpen sus estudios por ese motivo, viendo la necesidad de que se imparta educación sexual. También reivindicaron mejoras en la calidad del almuerzo, que se contrarreste la violencia y el bullyng en los centros educativos y que se incorporen medios de transporte en las zonas rurales para darles más facilidades a los estudiantes de escasos recursos. 

Prevención, evaluación y recuperación ante situaciones de desastres y emergencias 

El fortalecimiento de los programas de prevención, evaluación y recuperación ante situaciones de desastres y emergencias es el fin al que se dirige la estrategia 04.1.5 del PEE 2017-2020. La estrategia pretende que el 100% de las instancias del sistema educativo (centros educativos, distritos, regionales y sede central) hayan identificado y evaluado sus riesgos y hayan establecido medidas de prevención y de recuperación. 

En octubre de 2016, por Orden Departamental 18-2016, el MINERD creó la Dirección General de Gestión de Riesgos. Una modificación de septiembre de 2017 incorporó a sus tareas la Gestión Ambiental y la dirección pasó a denominarse Dirección General de Gestión Ambiental y de Riesgos (DIGAR). Tras su creación la organización se dio a la tarea de elaborar un Plan Estratégico de Gestión de Riesgos, que sigue en proceso de elaboración. En el último trimestre del año se procedió a recopilar la información para elaboración del Diagnóstico Situacional en el marco de la preparación del Plan.


[1] Boletín del Observatorio de Políticas Sociales para la Inclusión Social y Económica. Año 1 Número 2 2017. Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales. Vicepresidencia de la República

[2] Construcción de indicadores de medida para el análisis de las intervenciones educativas coordinadas por la Oficina Técnica de la Provincia (OTP) Hermanas Mirabal. IDEICE. 2016

[3] Informe de seguimiento Metas Presidenciales septiembre 2016/diciembre 2017. Oficina Nacional de Planificación y Desarrollo Educativo.

[4] REPÚBLICA DOMINICANA 2016. Una oportunidad justa para cada niño. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).01 oct. 2016


Última actualización: Diciembre de 2018