Resumen del seguimiento de la Meta

Mejorar el alcance, la cobertura, la calidad y el impacto de los servicios de alimentación.

La estrategia 04.1.1 del Plan Estratégico de Educación 2017-2020 busca mejorar el alcance, la cobertura, la calidad y el impacto de los servicios de alimentación escolar, mediante la provisión del servicio en sus cuatro modalidades: PAE Urbano, PAE Rural, PAE Fronterizo y PAE Jornada Escolar Extendida; la supervisión y orientación a los suplidores del servicio; y la extensión del sistema de gestión de la calidad del PAE, que tiene como objetivo suministrar diariamente alimentos de calidad, producidos preferentemente en la localidad o en localidades cercanas a los centros, y que cumplan con los requerimientos nutricionales de los estudiantes según grupos etarios y con condiciones específicas.

De acuerdo con la Memoria Institucional 2019 del Inabie (INABIE, 2019) en el año 2019 el Programa de Alimentación Escolar (PAE) ofreció alimentos a 1,635,676 escolares, además de 181,742 docentes, empleados administrativos y de apoyo. Con lo cual sumaron un total de 1, 817,418 los beneficiarios del PAE durante el año. Distribuidos en 5,985 centros educativos a nivel nacional. 

Tabla 34. Datos generales del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el año 2019.

Beneficiarios

Totales

Cantidad de beneficiarios en jornada escolar extendida en el PAE

1,279,825

Cantidad de beneficiarios media tanda en el PAE

537,593

Cantidad total de personas beneficiadas en el PAE

1,817,418

Centros educativos

 

Cantidad de centros educativos en la jornada escolar extendida

4,555

Cantidad de centros educativos en media tanda

1,430

Cantidad total de centros educativos en el PAE

5,985

(Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Inabie).

De acuerdo con la Memoria: “Los estudiantes que reciben alimentación escolar diariamente representan el 86.89 % de la matrícula estudiantil pública; el 65 % del total de estudiantes del sistema educativo dominicano; así como el 60 % de la población total del país en los rangos de edad escolar, es decir, de los niños, niñas y jóvenes que se encuentran en los rangos de 5 a 18 años”.

El suministro de la alimentación escolar se sigue produciendo con escasas incidencias, aunque, en el primer trimestre de 2019, al igual que en años anteriores, se escucharon quejas de los suplidores por retrasos en los pagos y se anunciaron suspensiones del servicio. Finalmente, el Inabie pactó con los suplidores una aceleración del proceso de pago, disponiendo que el área financiera del Instituto trabajará dos turnos diarios, a los fines de agilizar los pagos de todos los suplidores que estuviesen al día con sus obligaciones fiscales.

Las autoridades del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil resaltan que el PAE impacta en el crecimiento y desarrollo tanto de la de la economía familiar como local. El impacto que tiene el Programa de Alimentación Escolar en la economía de una familia con un niño en la Jornada Escolar Extendida se calcula en cerca de nueve mil pesos mensuales.

El impacto en la economía local se puede ver acentuado tras la aprobación del Decreto 168-19, del seis de mayo 2019[1], que dispone que “Con la finalidad de contribuir al desarrollo económico nacional sostenible, las instituciones a cargo de programas destinados al alivio de la pobreza, la alimentación escolar y la alimentación de otros sectores de la población, deberán convocar procesos de compras destinados a adquirir productos agropecuarios de origen nacional, provenientes directamente de los productores, sin intermediación, siempre que existan en cantidad y calidad adecuadas a los requerimientos de las entidades adquirientes”. El Decreto contempla también favorecer procesos regionalizados y establece: “Para desconcentrar las compras y contrataciones, generar empleos locales y disminuir el impacto ambiental, las instituciones deberán convocar procesos regionalizados siempre que hayan dos o más productores en la región con capacidad para suplir la totalidad o una parte del volumen requerido, así como contratar o construir almacenes para la recepción, empaque y distribución de los productos”.

El coste del Programa aumentó en 768 % desde el año 2012 al año 2019, pasando de RD$ 3,274 millones a RD$ 25,151 millones. Esto debido en gran parte al incremento de la matrícula en el Programa de Jornada Escolar Extendida.

Gráfico 5. Evolución de la inversión realizada en el Programa de Alimentación Escolar (PAE) durante el período 2012-2019.

(Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Memoria del Minerd 2019).

En un reciente estudio publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe titulado El costo de la doble carga de la malnutrición. Impacto social y económico en la República Dominicana.

(CEPAL, 2019) se mide el impacto social y económico en el país de la doble carga de la malnutrición (desnutrición y sobrepeso y obesidad).

 

En educación el estudio considera que:

Para todos los sectores se concluyó en este estudio que, para 2017, el costo de la doble carga de la malnutrición ascendió a 1,961,1 millones de dólares, igual al 2,6 % del PIB del país. De estos, 499,7 millones (aproximadamente 25 %) son atribuibles a la desnutrición y 1,461,4 millones al sobrepeso y obesidad. Sin embargo, debido a que la desnutrición presenta en las últimas décadas una sostenida tendencia a la baja, los costos futuros de la doble carga de la malnutrición serán atribuibles, principalmente, al sobrepeso y a la obesidad (99,7 %), reflejando muy claramente el cambio en los perfiles nutricional, epidemiológico y demográfico.

Estos costos futuros de la doble carga de la malnutrición se estiman en unos 1,915 millones de dólares anuales para el período 2018-2081 (ojo, corregir fecha), equivalente al 2,5 % del PIB de cada año. 

Luego de realizar un análisis de las normas, leyes y decretos existentes en el país, el informe propone las siguientes medidas en el área educativa: 

 En octubre de 2019 Unicef publicó el informe Estado Mundial de la Infancia 2019. Niños, alimentos y nutrición. Crecer bien en un mundo en transformación (UNICEF, 2019b).  El estudio analiza como lo que denomina “triple carga de la desnutrición” perjudica a los niños, los adolescentes. Los efectos, de acuerdo al informe son:

Desnutrición: retraso en el crecimiento y emaciación

Hambre oculta: carencias de micronutrientes:

Sobrepeso (incluyendo obesidad):

Los datos para la República Dominicana muestran que entre los niños en edad preescolar (0-4), el porcentaje de niños con retraso en el crecimiento moderado y grave es todavía alto, un 7 % (un 9 % en América Latina y el Caribe- ALC). El porcentaje es más alto entre el 20 % de los más pobres, un 12 % (un 24 % en ALC). La emaciación, o adelgazamiento patológico, moderado y grave se sitúa en el 2 % de los niños en la República Dominicana (1 % en ALC). En cuanto al sobrepeso moderado y grave, la incidencia en la República Dominicana es de un 8 % (7 % en ALC). Entre los niños en edad escolar (5 a 19 años) la delgadez moderada y grave es de un 3 % (2 % en ALC) y el sobrepeso moderado y grave un 33 % (30 % en ALC).

Tabla 35. Nutrición: niños en edad preescolar y escolar

País /Zona

Malnutrición entre los niños en edad preescolar (0–4 años de edad) 2013–2018*

Malnutrición entre los niños en edad escolar (5–19 años de edad) 2016

Retraso en el crecimiento (%) (moderado y grave)

Emaciación (%)

Sobrepeso (%)

Delgadez (%)

Sobrepeso (%)

Todos los niños

20% más pobres

20% más ricos

grave

moderada y grave

moderado y grave

moderada y grave

moderado y grave

República Dominicana

7

12

4

1

2

8

3

33

América Latina y el Caribe

9

24

7

<1

1

7

2

30

Mundo

22

45

20

2

7

6

11

18

* Para cada país se toman los datos más recientes en este rango de años.

(Fuente. Elaboración propia a partir de datos del informe Estado Mundial de la Infancia 2019).

La Memoria Institucional del Inabie 2019 reportó que el Sistema Integral para la Vigilancia Alimentaria y Nutricional del Escolar (Sisvane) evaluó a 19,907 escolares, de los cuales 721 presentaron bajo-peso (3.62 %), 3,137 sobrepeso (15.75 %) y 1,944 obesidad (9.76 %).

Ampliación de los programas para apoyar a los estudiantes en situaciones de vulnerabilidad

La estrategia 04.1.2 del PEE 2017-2020 busca garantizar el acceso y la permanencia en el sistema educativo de los estudiantes en situación de vulnerabilidad, contribuyendo al mejoramiento de la calidad educativa. Para ello, contempla varias acciones entre las que destacan beneficiar a los estudiantes de los sectores público y semioficial con programas de salud escolar (bucal, visual , auditiva y epidemiología e investigación); evaluar el impacto de los programas de asistencia social a los estudiantes en situación de vulnerabilidad para desarrollar planes de mejora pertinentes; y articular redes institucionales y fomentar iniciativas privadas para desarrollar planes y programas de inclusión y apoyo socioeducativo a estudiantes en situación de vulnerabilidad.

Programas de salud escolar

De acuerdo con la Memoria de Inabie:

“Acerca del Programa de Salud Escolar durante el año 2019, la inversión experimentó un incremento de un 7 % respecto al año 2018, al pasar de RD$ 101, 681,141.00 en el año 2018 a RD$ 108,999,999.98 para el 2019. Con estos recursos se atendieron diferentes grupos de niños y niñas escolares en servicios como epidemiología, nutrición, salud bucal, visual y auditiva, según su condición; con lo cual se complementa y dimensiona el impacto del Programa de Alimentación Escolar en la disminución de la malnutrición en los escolares y la vulnerabilidad educativa en general.

Los servicios de salud escolar que el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil ofrece, beneficiaron en 2019 a 1, 818,000 estudiantes vulnerables a través del Programa de Epidemiología e Investigación, especialmente con las jornadas de desparasitación que se realiza en coordinación con el Ministerio de Salud Pública; el 100 % del estudiantado de los niveles inicial y primario.

El Programa de Salud Bucal atendió durante el año 2019 a 338,330 estudiantes, con las diversas intervenciones tales como: kits de higiene oral, profilaxis, aplicación de flúor, obturación amalgama y resina, exodoncias permanentes y temporales, así como otros tratamientos relativos a la salud bucal, realizado por el equipo de odontólogos que el Inabie dispone en las regionales educativas del país.

En cuanto a los servicios del Programa de Salud Visual se brindó atención a 57,301 estudiantes, a través de la entrega de lentes, realización de tamizajes, evaluaciones oftalmológicas, evaluaciones optométricas, entrega de colirios, referimientos y cirugías. Con el Programa de Salud Auditiva fueron beneficiados 37,184 estudiantes, favorecidos mediante evaluaciones audiológicas, entrega de auxiliares auditivos y orientación salud auditiva.”

Tabla 36. Estudiantes atendidos por los distintos programas de salud. 2012-2019

Servicio

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Programa de Salud Bucal

83,370

172,056

124,738

227,167

296,963

288,845

355,915

338,330

Programa de Salud Auditiva

44,471

16,967

15,673

15,135

91,508

69,493

80,784

37,184

Programa de Salud Visual

21,503

43,279

52,880

87,227

21,223

48,066

53,900

57,301

Total programas

149,344

232,302

193,291

329,529

409,694

406,404

490,599

432,815

(Fuente: Memoria del Minerd 2019 y Memoria Inabie 2019).

Programa de servicios sociales estudiantiles.

Respecto al Programa de Servicios Sociales, el Inabie reportó que “en 2019, la inversión en utilería escolar ascendió a RD$ 1,024,017,155.84, monto que fue destinado para la atención de aquellos estudiantes que se encuentran en las peores condiciones de vulnerabilidad en el sistema de educativo. Priorizando aquellos territorios que presentan los niveles más altos de pobreza de nuestro país”. La inversión en utilería escolar para 2019 fue en un 66 % para compra de uniformes y 34 % a la adquisición de mochilas con útiles escolares básicos.

Presupuesto

La amplia cobertura de los servicios de bienestar estudiantil, en especial el de alimentación escolar, tiene su reflejo en un presupuesto cada vez más importante. El presupuesto de Educación para el año 2019 ascendió a 170,570,1 millones de pesos. De este presupuesto, 22,974,68 millones, 13.47 % del total, van destinados a servicios de bienestar estudiantil, y la mayor parte de ellos, 21,093.3 millones, 12.37 % del presupuesto total, al Programa de Alimentación Escolar. La magnitud de estas cifras se destaca si las comparamos con el presupuesto destinado a construcción, ampliación y rehabilitación de planteles escolares, que es de 13,295.1 millones de pesos, un 8.16 % del presupuesto, en un momento de extraordinaria expansión de las infraestructuras escolares.

En el cuadro adjunto se detallan los resultados del presupuesto efectivamente ejecutado.

Gráfico 6. Presupuesto ejecutado del Inabie en relación con el presupuesto total ejecutado. 2012-2019

(Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Inabie y datos de ejecución presupuestaria del Minerd).


Inclusión educativa y atención integral de calidad a niños, niñas y adolescentes con necesidades específicas de apoyo educativo, asociadas y no asociadas a condición de discapacidad.

La estrategia 04.1.3 del PEE 2017-2020 se propone, entre otros resultados, que 10,800 niños, niñas y jóvenes con discapacidad que están fuera del sistema educativo ingresen a este para recibir una educación de calidad y que 2,201 centros educativos regulares del nivel primario reciban apoyo de los Centros de Recursos para la Atención a la Diversidad (CAD), a través del Proyecto de Buenas Prácticas Inclusivas. Entre sus acciones contempla la capacitación de docentes de todos los niveles y modalidades para la atención a la diversidad, diseñar e implementar un modelo pedagógico para los centros educativos especiales que promuevan la inclusión educativa y social en sus estudiantes y ampliar los servicios que ofrecen los centros nacionales de recursos para distintas discapacidades.

Tras casi tres años de trabajo y de diálogo con las organizaciones de la sociedad civil involucradas en la materia la Dirección de Educación Especial presentó el pasado mes de mayo el Plan Nacional de Inclusión Educativa. El plan es un documento holístico y ambicioso que contempla cinco componentes: Sistema de servicios educativos, Recursos educativos, Accesibilidad, Formación y especialización profesional e Inclusión laboral, y tres ejes trasversales: Marco normativo actualizado, Sensibilización y Apoyo a las familias de niños, niñas y jóvenes con necesidades especiales de apoyo educativo, NEAE.

Entre los resultados esperados del plan, que se extiende hasta el 2020, se encuentran, alcanzar una mayor cobertura del sistema de servicios educativos enmarcados en el enfoque de educación inclusiva, con el objetivo de que 40 % de los niños y jóvenes con discapacidad que están fuera del sistema, sean incluidos en los diferentes servicios que ofrece el Minerd. Algunas metas previstas son pasar de los 1,085 centros educativos regulares que implementan en el 2018 el Proyecto de Buenas Prácticas Inclusivas (PBPI) a 2,201 centros con PBPI en el 2020; la apertura de 70 aulas específicas de apoyo educativo y la construcción para el 2020 de 13 nuevos centros de educación especial. Igualmente, la apertura del Centro de Recursos Nacional para las NEAE y la ampliación de los Centros de Recursos para la Atención a la Diversidad (CAD) a todas la regionales educativas para el año 2019 (actualmente existen CAD en 13 regionales), así como la apertura de 10 CAD de distrito antes del año 2020.

Con el componente de recursos educativos se aspira a que el 100 % de centros de educación especial, centros de recursos y aulas específicas cuenten con equipos técnicos y tecnológicos suficientes, así como con personal multidisciplinario contratado. La estrategia de eliminación de barreras físicas que limiten el acceso a los centros educativos persigue que estos e instancias del Minerd cuenten con una estructura física sin barreras arquitectónicas y que los centros de educación especial dispongan de transporte escolar adaptado. El componente de formación busca que directivos, docentes, técnicos y personal de apoyo estén capacitados en el enfoque de educación inclusiva y con especializaciones. Por último, con el componente de inclusión laboral se pretende que todos los centros de educación especial implementen programas educativos para la vida y el trabajo o que el 5 % de los puestos de trabajo del Minerd estén ocupados por personas con algún tipo de discapacidad.

 Como ejes transversales, además de la sensibilización de la población para conseguir que se reconozca la educación para todos desde un enfoque de derecho y justicia social y el apoyo a las familias de estudiantes con NEAE, a través de la conformación de redes, la capacitación y la integración a la gestión de los centros, el Plan Nacional de Inclusión Educativa contempla una normativa actualizada para transversalizar el enfoque de educación inclusiva en el sistema educativo.

 La actualización normativa comenzó el pasado año con la aprobación por el Consejo Nacional, el 26 de julio de 2018, de la Ordenanza núm. 4-2018 que norma los servicios y estrategias para los estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo acorde al currículo establecido. La Ordenanza establece las normas básicas reguladoras de los servicios educativos para todos los estudiantes que presentan necesidades específicas de apoyos educativos, de manera que puedan desarrollar las competencias fundamentales y específicas contempladas en el diseño curricular, y faciliten su desarrollo integral e inclusión plena a la sociedad.

 Además de esta norma, el plan contempla tres normas más que están en proceso de elaboración: una ordenanza para el rediseño de los centros de educación especial, una ordenanza que regule los Centros de Recursos para la Atención a la Diversidad y una ordenanza que regule el Centro de Recursos Nacional para las NEAE.

 La Dirección de Educación Especial anunció la elaboración de Términos de Referencia (TDR) para la contratación de una empresa que desarrolle el sistema de captación para personas con discapacidad fuera del sistema educativo. Igualmente, la remisión de la Ordenanza que ordena la reconversión de los centros de educación especial en centros educativos de atención múltiple al Viceministerio de Servicios Técnicos y Pedagógicos y al Viceministerio de Desarrollo y Planificación para revisión.

 Desarrollo de estrategias, programas y proyectos de apoyo al bienestar socioafectivo y psicopedagógico de estudiantes y familias en situación de vulnerabilidad

 La estrategia 04.1.4 del PEE 2017-2020 contempla una pluralidad de acciones para la prevención de riesgos psicosociales en los centros educativos, poniendo un especial énfasis en la prevención de embarazos en adolescentes. Entre los alcances de la estrategia se destacan:

 Además de las acciones encaminadas a la prevención del embarazo adolescente, la estrategia prevé implementar y monitorear los programas y estrategias de prevención de riesgos psicosociales en los centros educativos, diseñar y distribuir documentos y materiales educativos para apoyar estos programas, crear un sistema de registro de identificación, monitoreo y seguimiento a casos de estudiantes en situación de riesgos psicosociales presentes en los centros, promover la coordinación interinstitucional de actores del centro educativo para responder a casos de violencia y promover la participación y reconocimiento estudiantil en todos los niveles, modalidades y subsistemas.

 Programas y proyectos sobre prevención de embarazo en adolescencia

 En febrero de 2019 el Gobierno presentó el Plan Nacional para la Reducción de Embarazos en Adolescentes en la República Dominicana 2019-2023 (PREA-RD) (Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales, 2019a), que había sido trabajado a lo largo del año 2018 por la Dirección Técnica del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales (GCPS), en coordinación con el Ministerio de Salud Pública (MSP), mediante un proceso participativo desarrollado en el seno del Comité Técnico Interinstitucional Ampliado conformado por las instituciones y titulares clave identificados en la Comisión Nacional para la Reducción de los Embarazos en Adolescentes.

 EL PREA-RD es un plan multisectorial, estructurado en cuatro ejes estratégicos y varios objetivos y estrategias. La educación es una parte fundamental del plan. En el campo educativo el plan contempla en el eje estratégico nº 1:

 “3. Promover el empoderamiento de niños, niñas y adolescentes y de su entorno directo para la toma de decisiones informadas en un marco de garantía y ejercicio pleno de derechos, considerando las diferencias y las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad.

 3.1 Implementación de la Educación Integral en Sexualidad (EIS) con base científica en el currículum formal, con los instrumentos validados para tales fines y desde un enfoque basado en derechos humanos y equidad de género.

 3.2 Acompañamiento de pares empoderados para el reconocimiento y exigibilidad de los derechos sexuales y derechos reproductivos en distintos ámbitos (intra y extraescolar).

 3.3 Implementación de acciones para el reconocimiento sobre derechos sexuales y reproductivos con las familias y comunidades”.

 En el eje estratégico 2, el plan incluye como objetivo estratégico:

“2. Asegurar la garantía del derecho de acceso a la educación de adolescentes padres, madres y embarazadas, a través de la mejora de las condiciones de entorno escolar e institucional que favorecen la permanencia y reinserción en el sistema educativo, bajo un enfoque de educación inclusiva que incluya a todos los segmentos de la población adolescente (menores de 15 años, migrantes, con discapacidad, NNA en situación de calle, NNA institucionalizados, etc.).

 2.1 Contribuir con la mejora de las condiciones de entorno (infraestructuras, normativas y cultura institucional) orientada a las necesidades de escolarización de adolescentes embarazadas y adolescentes madres y padres.

 2.2 Disponibilidad en los centros escolares de programas de apoyo extraescolar, de educación no escolarizada, de desarrollo de proyectos de vida y de atención psicosocial, orientación vocacional y seguimiento al desempeño académico y a la salud integral de adolescentes en situación de embarazo, paternidad y maternidad.

 2.3 Asegurar la implementación en los centros de educación de estrategias contra estigma, discriminación y violencia hacia adolescentes en situación de embarazo, paternidad y maternidad”.

En un artículo publicado en el Listín Diario[1], la vicepresidenta de la República Margarita Cedeño señalaba:

“Cuando las sociedades ignoran la centralidad de la salud sexual y reproductiva se condena a las niñas a una sentencia de abandono de largo plazo. Lo dicen los especialistas: somos la región del mundo más peligrosa para las mujeres y, desafortunadamente, muchas de nuestras políticas educativas ignoran las necesidades de salud reproductiva y el impacto en el futuro de nuestra adolescencia. Hemos sido cobardes en abordar este tema con determinación.

En algún momento cuestioné frontalmente la situación de la educación sexual en las escuelas del país; en aquel entonces se alegó que la jerarquía de la Iglesia católica estaba radicalmente en contra de cualquier enseñanza de educación sexual en los centros educativos. Nada menos cierto.

Conversando con la jerarquía del prelado católico, se me aseguró que no existía tal impedimento y que lo único a lo que aspiraba la iglesia era a que la educación sexual fuera más educación y menos sexo, poder revisar los materiales, opinar sobre ellos y que sus observaciones fueran integradas. No ignoran la realidad del fenómeno y, por el contrario, están en la disposición de enfrentarlo”.

Por su parte, la presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) Xiomara Guante[2] declaró:

“La presión e influencia de algunos sectores de la vida nacional ha impedido la implementación de la educación sexual en los centros educativos del país”. “A nosotros nos parece que quizás el Ministerio de] Educación está recibiendo algún nivel de ingenia o presión por algunos sectores que entienden que no es pertinente la implementación de la educación sexual. Nosotros entendemos que tiene que ser abordado de manera responsable”. “La educación sexual vendría a abordar políticas importantes que van a solucionar de manera definitiva, desde la escuela, ese problema que nos afecta desde épocas ancestrales y que crea muchas situaciones y que sume a las familias en niveles de pobreza incalculables, en tanto las niñas dan a luz cuando no están preparadas para eso y afectan su salud”.

La Dirección de Orientación y Psicología informó del lanzamiento en febrero de 2019 del “Programa de prevención del embarazo en la adolescencia y de apoyo psicosocial y pedagógico de adolescentes en condición de embarazo, maternidad y paternidad en centros educativos y sus protocolos”, que fue presentado a técnicos docentes, nacionales, regionales y de distrito.

El programa tiene como objetivo “Fortalecer en el sistema educativo la prevención del embarazo en la adolescencia y el abordaje de adolescentes en condición de embarazo, maternidad y paternidad, apoyando una trayectoria escolar exitosa, libre de exclusión y discriminación, para el ejercicio pleno del derecho a la educación”.

Entre los componentes del programa están:

Se espera que todo el centro educativo ponga en marcha el abordaje de la educación sexual desde el currículo y con los lineamientos y programas del Minerd, pero se iniciará por los centros con mayor número de estudiantes embarazadas y aquellos que presentan mayores niveles de vulnerabilidad.

Contempla el derecho y el compromiso de la estudiante a asistir a todas las clases, incluyendo la educación física y prácticas en la Modalidad Técnico Profesional, con las adaptaciones que sean necesarias en cada caso para la comodidad de la estudiante. Igualmente, el derecho a concurrir a las actividades que demanden el control prenatal y el cuidado del embarazo y posparto, las adaptaciones horarias necesarias para el período de lactancia y facilidades para asistir al control de salud del hijo o hija durante el primer año de vida.

Convivencia escolar

La violencia y la convivencia escolar fueron motivo de análisis y debate en el año 2019 a raíz de algunos hechos de violencia ocurridos en centros educativos públicos del país[3]. Las propuestas ante estas situaciones han sido diversas. El ministro de Educación Antonio Peña Mirabal dijo que en las escuelas a nivel nacional hay un déficit de vigilancia, por lo que según apunta se debe implementar un sistema de supervisión más efectivo dentro de las aulas. “Debe haber un sistema de supervisión más efectivo, porque me he topado con centros donde hay actos de violencia, y no hay ni siquiera la presencia de un maestro, de un docente, que los pueda evitar”[4].

Por su parte, la presidenta de la ADP Xiomara Guante dijo que la violencia es un problema multicausal que demanda soluciones integrales, como es la introducción del arte y del deporte en todas sus expresiones en las escuelas, una mayor vigilancia de la Policía Escolar dentro de los recintos y una revisión del manual de disciplina que les devuelva la autoridad a los maestros”[5] y demandó la incorporación de los talleristas de arte y deporte durante la jornada extendida para desincentivar estas conductas.

El Ministerio realizó en los meses de mayo y junio el foro estudiantil 2019 “Por una Cultura de Paz: desarrollando habilidades socioemocionales para la ciudadanía y la convivencia” con la participación de estudiantes de 2º, 3º, 4º y 5º de nivel secundario a nivel nacional.

Prevención, evaluación y recuperación ante situaciones de desastres y emergencias

El fortalecimiento de los programas de prevención, evaluación y recuperación ante situaciones de desastres y emergencias es el fin al que se dirige la estrategia 04.1.5 del PEE 2017-2020. La estrategia pretende que el 100 % de las instancias del sistema educativo (centros, distritos, regionales y sede central) hayan identificado y evaluado sus riesgos y hayan establecido medidas de prevención y de recuperación.

 La estrategia de prevención, evaluación y recuperación ante situaciones de desastres y emergencias está directamente relacionada con la estrategia 07.1.1, relativa al diseño y construcción de edificaciones escolares de acuerdo con las normas establecidas, las especificaciones técnicas y necesidades pedagógicas, y, en concreto, con las acciones 05 a 10 concernientes a la gestión ambiental y de riesgos de los centros. Los avances en ambas estrategias se analizan en el capítulo referente a la meta 7.


Última actualización: Abril de 2021