Resumen del seguimiento de la Meta

Diseñar y construir las edificaciones escolares y las estancias infantiles de acuerdo a las normativas vigentes establecidas, las especificaciones técnicas y necesidades pedagógicas.

La estrategia 07.1.1 del Plan Estratégico de Educación 2017-2020 (PEE 2017-2020) prevé diseñar y construir las edificaciones escolares y las estancias infantiles de acuerdo a las normativas vigentes establecidas, las especificaciones técnicas y necesidades pedagógicas. Sus líneas de acción contemplan la construcción de 15,187 aulas y 211 estancias infantiles, asegurar que las edificaciones escolares cumplen las normas nacionales de construcción sobre seguridad sísmica y de reducción de vulnerabilidad frente a otros riesgos y provean las condiciones de accesibilidad universal, evaluar el grado de vulnerabilidad de los centros educativos existentes, y promover la elaboración en cada centro educativo de un plan para el manejo de emergencias y desastres.

Las 15,187 aulas nuevas se suman a las 10,743 que fueron construidas hasta agosto del año 2016.  En el cuadro adjunto se refleja el número de espacios educativos construidos o rehabilitados desde 2013 hasta el 31 de diciembre de 2017.

Espacio

Ene.2013/
ago. 2016

Sept. 2016/ dic. 2017

Total

Aulas nuevas

10,743

1,923

12,666

Aulas rehabilitadas

2,710

124

2,834

Laboratorios de Ciencias

263

53

316

Laboratorios de Informática

392

79

471

Bibliotecas

713

130

843

Talleres

40

11

51

Total

14,861

2,320

17,181

A estas aulas, hay que sumar los 211 Centros de Atención a la Primera Infancia (CAIPIs), con un total de 2,462 espacios educativos, de los cuales se han construido 50 hasta diciembre de 2017, once de los cuales han sido inaugurados después del 31 de agosto de 2016. 

Las cifras reflejan que el ritmo de entrega de aulas se mantiene en torno de las 2,500 aulas nuevas por año, por lo que se requiere una aceleración en la construcción para poder alcanzar el objetivo de 15,187 nuevas aulas hasta el 2020. La situación es más compleja respecto al número de CAIPIs a construir. De 2013 a 2017 se han entregado 50 centros, y habría que entregar 200 centros más en los próximos tres años. 

Las razones aducidas para los retrasos en el programa de construcciones son múltiples: dificultad para encontrar terrenos para situar las nuevas infraestructuras, retrasos en la disponibilidad de los terrenos por la necesidad de justificar legalmente la propiedad efectiva de los solares seleccionados, demoras en el pago de las cubicaciones que ralentizan los trabajos, o mal manejo de los fondos por algunos contratistas que habrían gastado las cantidades anticipadas en usos distintos a la construcción de las escuelas.

A lo largo del año 2017 han sido adoptadas algunas medidas para agilizar las construcciones previstas en el Programa Nacional de Edificaciones Escolares. El Gobierno, por Decreto 348-16, aprobado en diciembre de 2016, acordó traspasar al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) la construcción de escuelas asignadas a la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE). En febrero de 2017, los ministerios de Educación y Obras Públicas, y la OISOE, suscribieron un acuerdo de colaboración interinstitucional para la transferencia definitiva a Obras Públicas de la construcción de los planteles escolares a cargo de la OISOE, en aplicación del Decreto. La medida se presentó como un paso para la eficientización de los procesos burocráticos financieros y de supervisión en las construcciones de centros educativos y estancias infantiles.

En junio de 2017, tras reunirse con los contratistas de obras en ejecución, los ministros de Educación y de Obras Públicas sostuvieron un encuentro con el objetivo de coordinar acciones para mejorar los procesos burocráticos financieros y de supervisión en las construcciones de centros educativos.

En relación con la previsión del PEE 207-2020 de construcción y evaluación de las infraestructuras escolares para que cumplan las normas sobre seguridad sísmica y la reducción de vulnerabilidad frente a otros riesgos, el MINERD, en octubre de 2016, aprobó la Orden Departamental Núm. 18-2016, que confiere mayor rango al hasta entonces Programa de Gestión de Riesgos, elevándolo a Dirección General de Gestión de Riesgos, dependiente directamente del Despacho del Ministro[1].

Desde su creación, la DIGAR inició un trabajo sistemático de planificación y desarrollo y fortalecimiento organizacional para garantizar la prestación de los servicios que se le han encomendado.

En el último año, el Departamento de Evaluación de Riesgos y Reducción de la Vulnerabilidad ha visitado 307 centros educativos con problemas, siendo los más comunes los problemas eléctricos, y las grietas estructurales los de más alta peligrosidad. La DIGAR, a través del Departamento de Manejo de Emergencias y Desastres, ha tenido que hacer frente a dos fenómenos meteorológicos de importancia: los huracanes Irma y María, que dieron lugar a la ocupación como refugio de 323 escuelas y daños menores en 103 centros educativos, principalmente por el colapso de sus verjas perimetrales.

Respecto al compromiso del Plan Estratégico de asegurar que las edificaciones escolares públicas y privadas provean las condiciones de accesibilidad universal, el pasado 2 de diciembre de 2016 se dictó el Decreto Núm. 363-16, que aprueba el Reglamento de aplicación de la Ley Núm. 5-13 sobre discapacidad en República Dominicana. El Decreto establece:

“Artículo 21 “EI MINERD, el MESCyT y el INFOTEP, en coordinación con el CONADIS, implementaran las medidas necesarias para asegurar, en todos los niveles, la accesibilidad universal en los centros educativos.

Párrafo I. Se adecuarán en todos los niveles, los procesos, espacios, equipos, mobiliarios y materiales didácticos de los centros educativos, para que sean accesibles a todas las personas. Esto incluye tecnología, información y comunicación adaptadas a las diferentes condiciones de discapacidad.

Párrafo II. Una vez aprobada la Norma Nacional de Accesibilidad Universal, se establecerá un plazo de no más de cuatro (4) años contado a partir de su aprobación, para la adecuación de los espacios y servicios educativos a la citada norma”.

De acuerdo con el artículo 42 del Decreto, la Norma Nacional de Accesibilidad Universal debía aprobarse en el plazo de seis meses desde su entrada en vigor. Esta previsión reglamentaria no se ha cumplido.

El MINERD, por su parte, aprobó el 6 de enero de 2017 la Orden Departamental Núm. 02-2017, que crea el Departamento de Infraestructura Inclusiva, bajo la dependencia de la Dirección General de Gestión de Riesgos.

De acuerdo con la Orden, “El Departamento de Infraestructura Inclusiva tendrá a su cargo las siguientes funciones:

a) Identificar y procurar la eliminación de obstáculos, limitantes y barreras arquitectónicas de los centros educativos e instalaciones afines del sistema educativo, que dificultan o impiden el acceso universal y su correcta funcionalidad (…).

b) Diseñar y supervisar las medidas de adecuación de las infraestructuras de los centros educativos existentes y la formulación de propuestas de diseño inclusivo para las obras en construcción y por construir”.

En julio de 2017 un estudio de la Fundación Internacional Educación y Desarrollo (Funinted), realizado por la empresa HConsulting, según el cual el 73% de las escuelas públicas de la provincia La Altagracia no están aptas para recibir estudiantes con discapacidades físico-motoras. En el estudio se señala que las infraestructuras educativas, incluyendo las construidas recientemente, no han sido diseñadas para recibir estudiantes con alguna condición especial.

Readecuar las edificaciones escolares requeridas, y garantizar que la infraestructura y el mobiliario escolar permanezcan en condiciones óptimas a fin de mantener un ambiente de aprendizaje adecuado.

La estrategia 07.1.2 del PEE 2017-2020 está dedicada al mantenimiento de la infraestructura y el mobiliario escolar. Las actividades previstas incluyen evaluar y readecuar o reparar las infraestructuras y el mobiliario escolar; garantizar que cada plantel escolar esté dotado con servicios básicos de agua, electricidad, y saneamiento que funcionen, y salas de clases adecuadas y seguras; capacitar a la comunidad educativa en el mantenimiento preventivo de la infraestructura y mobiliario escolar; construir aulas provisionales de emergencia y construir y equipar las cocinas de los centros educativos; y realizar reparaciones mayores a los planteles escolares que presentan deterioro en su infraestructura y ampliar la infraestructura física de los centros educativos.

Al inicio de su mandato como ministro de Educación, el Arq. Andrés Navarro, desarrollo una amplia agenda de visitas y encuentros con técnicos, directivos y docentes por todo el país del que resultó un análisis con más de 13,000 situaciones problemáticas de diverso tipo. Entre las principales dificultades de los centros educativos se encontraban las deficiencias en el servicio de agua potable, edificaciones que necesitan reparaciones y problemas en las instalaciones eléctricas. Además, falta de construcción de áreas deportivas, comedores en los centros que ahora funcionan en la jornada extendida y áreas de cómputos.

En julio de 2017 se anunció la realización del 1 al 10 de agosto de la Jornada de Verano de Mantenimiento Escolar en todo el territorio nacional. La finalidad de esta jornada fue tomar medidas preventivas y correctivas menores en los planteles escolares, tales como limpieza, pintura, impermeabilización, reparación del sistema eléctrico, de las paredes y techos, mantenimiento sanitario e hidráulico, brillado y pulido de pisos, entre otras.

Por las mismas fechas, el ministro Navarro informó que el Ministerio de Educación está adecuando una serie de contenedores con todas las condiciones ambientales y de confort posibles, para la creación de unas 400 aulas móviles en el marco del denominado Aulas 3R para atender las situaciones de emergencias que se presenten a partir del inicio del próximo año el 20 de agosto venidero.

Diseñar e implementar planes, programas y proyectos, para atender las necesidades de seguridad de la comunidad educativa

La estrategia 07.1.3 del PEE 2017-2020 está dedicada a diseñar e implementar planes, programas y proyectos, para atender las necesidades de seguridad de la comunidad educativa. La estrategia contempla un total de 12 acciones que se pueden agrupar en cuatro bloques. Un primer bloque, encomendado a la  Dirección General de Gestión Ambiental y Riesgos (DIGAR), busca fortalecer las iniciativas relacionadas con la convivencia pacífica en los centros educativos y su entorno e incluye la creación de un centro de mando, monitoreo y control para la recepción de reclamos y denuncias sobre situaciones que afectan la seguridad escolar y el establecimiento de un registro de los incidentes críticos que se presentan en los centros que conforman la comunidad educativa nacional. En segundo lugar, se contempla impulsar los programas de orientación y prevención de la violencia para una cultura de paz, para todos los integrantes de la comunidad educativa en coordinación con la Dirección de Orientación y Psicología. Un tercer grupo de acciones está encaminado a implementar mecanismos de alerta temprana para identificar oportunamente las manifestaciones de violencia escolar y a identificar los centros educativos con mayor incidencia de venta y consumo de sustancias controladas e ilegales, además de la presencia de grupos pertenecientes a las pandillas. El último grupo de acciones contempla crear los comités de seguridad escolar, con la participación e integración de toda la comunidad educativa; elaborar e implementar los protocolos de actuación de los miembros de la Policía Escolar; implementar protocolos de accesos a los centros educativos; y otras medidas relacionadas con el fortalecimiento de la Policía Escolar. Los últimos dos grupos de acciones están encomendados a la Dirección de Policía Escolar.

En relación con esta estrategia, el 18 de septiembre de 2017, se aprobó la Orden Departamental Núm. 20-2017 que crea el Centro de Contacto Directo de la Comunidad Educativa (C-DICE). El C-DICE está bajo la dependencia de la Dirección General de Gestión Ambiental y de Riesgos (DIGAR), y se crea como mecanismo de comunicación directa con la comunidad educativa para atender de manera sistémica los problemas de seguridad y de convivencia en los centros educativos, o cualquier otra problemática que afecte a la comunidad educativa. Para esto, recibirá mediante un número telefónico abreviado gratuito y por otros medios TICs, denuncias, sugerencias y reportes para actuaciones preventivas o de intervención oportuna del MINERD, a través de las instancias correspondientes.


[1] En septiembre de 2017 la Orden Departamental Núm. 18-2017 cambia el nombre a la Dirección, pasando a ser Dirección General de Gestión Ambiental y de Riesgos (DIGAR).

 


Última actualización: Diciembre de 2018